Modelo de Solicitud de Financiación
Asegurando el buen uso de los fondos públicos y la maximización del impacto transformador del Programa FEDER 2021-2027
Solicitud de financiación de una operación con cargo al Programa FEDER 2021-2027 de Castilla-La Mancha
Debe realizarse mediante el modelo normalizado establecido por el Organismo Intermedio (OI). Este modelo se compone del Anexo I (solicitud formal) y del Anexo II (memoria descriptiva). Ambos documentos deben completarse de forma precisa, ser firmados por la persona responsable del órgano gestor, y presentarse conforme a las vías habilitadas en la convocatoria correspondiente.
El modelo recoge información detallada como: objetivo político, prioridad de inversión, objetivo específico, tipo de acción, coste total y coste subvencionable (desglosado en público y privado), indicadores de resultado y realización, localización, enfoque territorial, tipología de acción, así como aspectos clave como las que se muestran en la parte derecha de esta pantalla.
Más allá, cabe recordar que esta solicitud debe garantizar que la operación no haya sido ejecutada íntegramente antes de su presentación y que se encuentra alineada con los objetivos del programa, las condiciones favorecedoras y los criterios de selección establecidos.
Asimismo, la documentación presentada debe ser coherente y verificable, de modo que toda la información incluida en los anexos pueda contrastarse con las evidencias y justificantes disponibles.
Es fundamental que la descripción de la operación refleje con claridad su contribución a los objetivos del programa y su adecuación a los principios horizontales de la Unión Europea —como la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género o la cohesión territorial—.
Una correcta cumplimentación y justificación no solo facilita la evaluación técnica de la solicitud, sino que también asegura su elegibilidad y posterior seguimiento durante las fases de ejecución y verificación.
Evaluación ambiental (EIA) y conformidad con el principio DNSH.
La evaluación ambiental garantiza que las actuaciones financiadas respeten los estándares de sostenibilidad y minimicen su impacto sobre el entorno natural. Además, la aplicación del principio DNSH (“no causar un perjuicio significativo”) asegura que ninguna intervención comprometa los objetivos medioambientales de la Unión Europea.
Impacto en igualdad de género y clasificación por municipio afectado según la Ley contra la despoblación.
El análisis del impacto de género permite valorar si las actuaciones contribuyen a reducir brechas y promueven la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Paralelamente, la clasificación de los municipios según el grado de despoblación ayuda a priorizar inversiones en zonas rurales y con riesgo demográfico elevado.
Modalidad de costes simplificados, en su caso.
Cuando procede, se aplica una modalidad de costes simplificados que facilita la gestión administrativa y el control financiero de los proyectos. Este sistema permite vincular la financiación a resultados verificables, reduciendo la carga documental y agilizando los pagos.
Existencia de ayudas de Estado o minimis.
Se analiza si las actuaciones implican la concesión de ayudas de Estado o se acogen al régimen de minimis, con el fin de garantizar la compatibilidad con la normativa europea. Este control previene posibles distorsiones de la competencia y asegura un uso transparente de los fondos.
Participación público-privada.
La cooperación entre entidades públicas y privadas refuerza la capacidad de ejecución y amplía el alcance de las actuaciones financiadas. Estos partenariados favorecen la innovación, la eficiencia en la gestión y la sostenibilidad a largo plazo de los resultados.
Generación de ingresos o no.
Se evalúa si el proyecto genera ingresos directos o indirectos, lo que condiciona el cálculo de la ayuda y la intensidad de la financiación. En los casos sin generación de ingresos, la aportación pública puede cubrir un porcentaje mayor del coste total.
Existencia de convenios, contratación pública o instrumentos financieros asociados.
La existencia de convenios o procedimientos de contratación pública garantiza la correcta ejecución jurídica y técnica de las actuaciones. En algunos casos, también se prevé el uso de instrumentos financieros para potenciar la inversión y la sostenibilidad económica del proyecto.